El verdadero interés social referido a la vivienda es favorecer y apoyar al segmento más necesitado de la población en la solución de un techo digno. Nada personal, es solo la constitución.
Por paradójico que parezca, la alianza entre la administración Uribe y la banca nacional para elevar las tasas de interés a los créditos de vivienda social (con un tope máximo del 11% anual establecido por la Corte Constitucional) tiene su lógica. Y es que en tan solo veintidós meses, el gobierno ha desarticulado con una asombrosa facilidad los pocos logros que en diez años lograran el Ministerio de Desarrollo Económico y el Inurbe, conseguidos pese a una ambigua y cambiante normativa.
Durante la última década, los gobiernos han direccionado su política de vivienda hacia objetivos como la generación de empleo, la destinación específica de partidas parlamentarias (auxilios disfrazados), el apoyo al sector de la construcción, la reactivación económica o la inyección de recursos al sector financiero, buscando en los planes de vivienda resultados colaterales, pero no con el interés de solucionar el gran déficit en esta materia para las familias más pobres, sino en cumplimiento de metas macroeconómicas.
Para la muestra un botón: ante la crisis del 98, el gobierno Pastrana decidió tenderle una mano al sector financiero que afrontaba entonces serios problemas y so pretexto de afianzar la cultura del ahorro, obligó desde entonces a los postulantes al subsidio a consignar en las llamadas cuentas de ahorro programado, por un término mínimo de seis meses, el dinero de que dispusieran para poder optar al beneficio.
La platica entró y cumplió su cometido, pero en su inmensa mayoría las familias que lograron obtener el subsidio terminaron por perderlo ante la negativa de las entidades a otorgarles un crédito, aún con garantía hipotecaria. En otras palabras, la banca les puso conejo a los miles de ahorradores necesitados que con su dinero favorecieron al sector.
La vivienda de interés social para los estratos 1 y 2 es un producto tan importante y sensible como poco rentable, por lo cual la solución dentro de una verdadera política de Estado, sería mantenerla al margen del mercado inmobiliario, como sucede en España, en Cuba y en otros paises. Desde luego, ello implicaría que los recursos financieros no se obtuvieran vía mercado de capital, sino que fueran aportados por las familias como ahorro, y por el gobierno, que en vez de regalar la plata en forma de subsidios inaplicables, financiaría y supervisaría directamente o a través de un sistema de economía solidaria bien controlado, la ejecución de sus recursos en un gran fondo rotatorio. El verdadero interés social referido a la vivienda es favorecer y apoyar a este segmento necesitado de la población en la solución de un techo digno. Nada personal, es solo la Constitución.
Artículo publicado originalmente en El Tiempo / Vivienda Agosto de 2004
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